Años antes de que empezáramos a referirnos al Gobierno de Canarias como “la guardería”, ese era el término comúnmente aceptado para identificar los centros que acogían a los niños más pequeños en el horario de trabajo de sus padres. En un tiempo donde prima lo políticamente correcto y un cuidado con el lenguaje que sin embargo no se extiende a las personas, alguien decidió que considerar “guarderías” esos centros era recalcar su rol de aparcaniños. Un sistema educativo más preocupado por lo que se dice que por lo que se hace cambió el nombre a las tradicionales guarderías, que pasaron a ser denominadas “centros infantiles”. Cambiar el nombre de las cosas en una ley no requiere demasiado esfuerzo… Cambiar la realidad sí lo precisa: la semana pasada, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles pidió al Gobierno de Canarias que impida el aumento de establecimientos infantiles para niños de hasta tres años que no cumplen con la normativa vigente en las islas. El presidente de la Asociación, Juan Sánchez Muliterno, explicó que se ha enviado una carta abierta a la consejera de Educación para proponerle medidas que permitan solucionar el problema. La verdad es que llueve sobre mojado: las asociaciones canarias de centros infantiles llevan años reuniéndose infructuosamente con las autoridades académicas de las Islas, intentando modificar una situación que ya es alarmante. De hecho, los datos advierten que una proporción cercana a la mitad de los centros que atienden a niños menores de tres años en las Islas no cumplen la normativa o son directamente ilegales. Ocurre incluso con algunos de los más conocidos, y también con centros dependientes de municipios, que operan impunemente desde la ilegalidad.

El intrusismo profesional en la educación de los niños más pequeños es una vieja constante, que con la crisis se ha vuelto mucho más común: sin hablar de la ilegalidad extrema de domicilios privados en los que se cuidan grupos numerosos de niños pequeños, para “hacer un favor a los vecinos” por un módico precio, algo difícil de detectar y por tanto de perseguir, la atención infantil se ha ido especializando en formatos nuevos como ludotecas, academias de idiomas y madres de día, que atienden niños de menos de tres años no ya sin los permisos necesarios, sino sin la más mínima preparación. No se trata solo de competencia desleal con quienes cumplen la legalidad, contratan educadores titulados y pagan sus impuestos. En algunos casos, la falta de preparación de quienes se hacen cargo de centros ilegales o alegales supone un riesgo real para los pequeños.

La mayor parte de las madres y padres desconocen si el centro al que acuden -a veces abierto desde hace muchos años- cuenta con permisos y cumple los requisitos, y las Administraciones suelen mirar para otro lado. En algunos ayuntamientos, porque es mejor contar con un centro alegal antes que con ninguno, o porque quienes abren los centros son personas próximas al poder municipal, o porque también se incumple la legislación en los centros infantiles municipales.

Lo que no se entiende es que el Gobierno regional -a través de la inspección de trabajo- no procure reconducir la situación. No se trata de cerrar centros, sino de regularlos, de que cumplan los requisitos de cualificación y seguridad. De proteger a los niños y evitar una competencia desleal que ha provocado que mientras proliferan los ilegales, en los últimos diez años hayan tenido que cerrar muchas guarderías que sí cumplían.